Marcelo Diez, miembro de la Mesa Promotora Quinta de Funes, criticó con dureza la puesta en marcha de la baja de la edad de punibilidad. Remarcan la necesidad de contener a los jóvenes frente a situaciones de vulnerabilidad y consumos problemáticos en lugar de estigmatizarlos con penas para adultos. Silencio de los funcionarios provinciales de Derechos Humanos.
En el marco de la reciente entrada en vigencia de la reforma del Código Penal que contempla la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la aplicación de penas para adultos a menores de edad, desde la Mesa Promotora Quinta de Funes manifestaron una profunda preocupación por el impacto social e institucional de la medida. En el ámbito local y regional, la organización advierte sobre una plena alineación con los lineamientos nacionales, señalando además la falta de iniciativas o posturas críticas por parte de las autoridades locales ante la implementación del nuevo régimen. En el día de hoy, la vocera de Pullaro, Virginia Coudannes, dijo que “se terminó la impunidad. A partir de ahora, el delito de adulto tiene pena de adulto. Desde un primer momento el gobernador Maximiliano Pullaro fue muy específico y tajante, estando a favor de la baja de la edad de imputabilidad, y por eso nos fuimos preparando a lo largo de la gestión”.
Respecto al panorama judicial actual y las distintas respuestas normativas ante esta reforma, desde la Mesa Promotora destacaron antecedentes donde la aplicación de la ley fue frenada temporalmente por la vía judicial. Sin embargo, se remarcó que ese escenario no se replica a nivel local, donde prima la inacción estatal: “Las novedades sobre eso que estamos viendo que vislumbran una esperanza es que en Lomas de Zamora una jueza del juzgado número dos juvenil penal a través de la presentación de Habeas Corpus suspendió la implementación de la ley por 60 días. Pero bueno, acá en la provincia aparentemente no se está moviendo eso”, expresó Marcelo Diez, integrante de la Quinta durante una entrevista en Todas Las Voces por AM 1330.
Asimismo, advirtió que esta política penal incrementa la desprotección de los adolescentes de 14 y 15 años y no resuelve los problemas de fondo. “Eso lo estamos viendo con preocupación porque se vulneran los derechos de los niños”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la falta de propuestas integrales por parte del Estado para abordar la contención familiar, la escolarización y la inserción recreativa en un contexto económico complejo para los hogares.
Al abordar las causas de la delincuencia juvenil y la representatividad estadística de estos hechos, Diez rechazó que endurecer las penas sea la solución a la violencia estructural. “Responsabilizar al chico, hacer esta campaña, esta propuesta de campaña de humo para tapar la realidad diaria de todos nosotros, es un granito más de arena que aportan este tipo de gobiernos”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que los delitos graves cometidos por menores constituyen casos excepcionales, derivados de fallas multicausales.
Consultado sobre la acción de los representantes políticos del área de Derechos Humanos frente a la aplicación de la medida, el referente de la Mesa Promotora dijo que “de funcionarios, nada, no hay movimiento, digamos, no hay reacción”, y remarcó que se requiere de una visibilización comunitaria para interpelar a las autoridades antes de que el debate sea guiado únicamente por casos mediáticos específicos.
Finalmente, se enfatizó la necesidad de aplicar políticas públicas enfocadas en el acompañamiento social en lugar de la punición penal, haciendo especial foco en situaciones vulnerables como los consumos problemáticos a edades tempranas. “¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a encerrar? ¿Qué le vamos a llevar a la cárcel a pibitos para que jueguen? Tienen edad de otra cosa. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de contenerlos y de sacarlos de esas situaciones y no es judicializándolos. Aparte es un estigma que después los acompaña toda la vida”, concluyó.