La Fiscalía pidió al Concejo los expedientes sobre el predio del basural clausurado

El Ministerio Público de la Acusación requirió ordenanzas, expedientes, informes y antecedentes vinculados al terreno donde existía un basural a cielo abierto con quema de residuos. La provincia lo clausuró. Crece la preocupación en el «empresario» que lo explotaba ilegalmente y en la administración Santacroce que había habilitado su explotación.

La investigación judicial sobre el basural a cielo abierto ubicado al sur de Funes continúa avanzando. En las últimas horas, el Ministerio Público de la Acusación remitió un oficio al Concejo Municipal para que entregue copia certificada de toda la documentación vinculada al predio donde funciona el basural investigado.

El requerimiento, firmado por el fiscal adjunto Pablo Lanza, forma parte de una investigación penal preparatoria y alcanza a toda la normativa, expedientes administrativos, proyectos, informes técnicos, actuaciones y antecedentes que obren en poder del cuerpo legislativo sobre el inmueble ubicado junto a la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Nacional 34.

La Fiscalía también solicitó información sobre posibles incendios registrados en el lugar, actuaciones realizadas por organismos provinciales y municipales, denuncias o reclamos de vecinos, medidas adoptadas frente a esos episodios y copia de expedientes y ordenanzas relacionadas con el predio. El oficio incluso fija un plazo para la remisión de la documentación y advierte que, de ser necesario, personal del MPA podrá retirarla personalmente.

El terreno, originalmente destinado a la disposición de restos verdes, presentaba características propias de un basural a cielo abierto, con riesgos de contaminación de suelo y agua en cercanías al arroyo Ludueña y la Reserva San jorge. Coberturas periodísticas mostraron una intensa presencia de humo producto de focos de quema activos, además de la descarga de residuos desde camiones municipales y la persistencia de un esquema de disposición sin infraestructura de tratamiento ambiental.

Ahora, con la intervención formal de la Justicia, la causa incorpora un nuevo paso procesal: la recopilación de toda la documentación pública vinculada al predio para ser incorporada al expediente penal que investiga el Ministerio Público de la Acusación.

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FUENTE: El Occidental

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