Ante versiones periodísticas sobre que el Gobierno nacional planea presentar en los próximos días un nuevo megaproyecto de ley desregulador que incluye, entre otros puntos, una eventual revisión de la Ley N.º 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, las entidades representativas del ecosistema del libro expresaron su posición:
«Quienes suscribimos este documento representamos a autores, ilustradores, traductores, correctores, editores, imprentas, distribuidores, bibliotecas, librerías independientes, cadenas de librerías y entidades empresarias vinculadas al libro y la cultura.
Nos une un objetivo común: que haya más lectores, más libros al alcance de los argentinos y una industria editorial cada vez más fuerte, competitiva y federal.
En ese camino, la Ley 25.542 ha sido durante más de dos décadas una herramienta que permitió sostener una extensa red de librerías en todo el país, promover la bibliodiversidad y fortalecer una de las principales industrias culturales de la Argentina.
Existe un aspecto que merece ser destacado: esta ley no tiene costo fiscal para el Estado. No implica subsidios, beneficios impositivos ni partidas presupuestarias. Su valor reside en preservar un ecosistema cultural y productivo que genera empleo, inversión y acceso al libro en cada provincia argentina.
Las entidades firmantes compartimos plenamente el objetivo de que los libros sean cada vez más accesibles.
Por eso queremos reconocer el trabajo que la Secretaría de Comercio viene desarrollando junto al sector para combatir la piratería, la comercialización ilegal y las violaciones a los derechos de autor, así como las medidas destinadas a promover una mayor competencia en mercados estratégicos para la producción editorial, como el del papel para libros.
Los resultados comienzan a ser visibles. Durante el último año, los libros evolucionaron por debajo de la inflación, demostrando que es posible mejorar el acceso a la lectura actuando sobre los costos reales de producción y distribución, fortaleciendo la competencia y combatiendo la ilegalidad.
Creemos que ese es el camino.
La experiencia internacional muestra que los países que preservan mecanismos de protección de la diversidad editorial mantienen redes más amplias de librerías, mayor producción cultural y una oferta bibliográfica más diversa. Cuando esas redes se debilitan, el mercado tiende a concentrarse y las comunidades pierden espacios esenciales para el acceso al libro, la promoción de la lectura y la circulación de nuevas voces.
Por ello, entendemos que cualquier análisis sobre la Ley 25.542 merece una instancia de diálogo con todos los actores que integran la cadena del libro.
Estamos convencidos de que existen oportunidades para seguir mejorando la competitividad del sector, reduciendo costos, profundizando la lucha contra la ilegalidad y facilitando el acceso de los lectores, sin perder una herramienta que ha contribuido al desarrollo cultural y productivo del país durante más de veinte años.
Las entidades firmantes ponemos a disposición de las autoridades nacionales toda nuestra experiencia y la información técnica necesaria para construir, de manera conjunta, políticas que fortalezcan el libro, la lectura y una industria que forma parte del patrimonio cultural argentino.
Porque una Argentina con más lectores necesita también una Argentina con más librerías, más autores, más editoriales y más oportunidades para que el libro llegue a cada rincón del país.»