Un relevamiento del organismo federal detectó más de 100 cinemómetros bajo presunta irregularidad en rutas de Santa Fe. Desde la intendencia funense respondieron que los dispositivos señalados en su jurisdicción corresponden a cámaras de prevención del delito.
Vialidad Nacional dio a conocer un relevamiento en el que pone bajo revisión el funcionamiento de más de un centenar de radares de control de velocidad (cinemómetros) ubicados sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el informe técnico del organismo, estas herramientas de medición no dispondrían de la autorización complementaria requerida para operar de forma legal dentro de la zona de camino de jurisdicción federal, lo que abrió un escenario de discusión administrativa y legal sobre la validez de las actas labradas.
El documento oficial incluye de manera específica puntos neurálgicos de intenso flujo vehicular en el Gran Rosario. Entre ellos, se identifican dispositivos ubicados sobre la autopista Rosario-Córdoba (Ruta Nacional 9) a la altura de Funes (kilómetros 312,5 y 314) y Roldán (kilómetros 325,5; 327,5 y 329,1), así como también múltiples equipos instalados en ambos sentidos de la Avenida de Circunvalación de Rosario (A008). El alcance del control abarca además a decenas de localidades del interior santafesino, tales como Cañada de Gómez, Firmat, Casilda, Reconquista y Venado Tuerto, entre otras.
Ante la difusión del informe y la correspondiente notificación preventiva enviada por las autoridades nacionales, la Municipalidad de Funes emitió una respuesta formal para desestimar la presencia de cinemómetros infractores en el acceso a su localidad. Desde el Ejecutivo local calificaron la inclusión de sus puntos de control en el listado como un error informativo, aclarando que las estructuras situadas en el cruce de la Ruta 9 y la calle Echeverría no tienen como finalidad registrar excesos de velocidad ni confeccionar fotomultas.
Según detallaron voceros municipales mediante el descargo en el expediente administrativo, los dispositivos instalados en dicho sector consisten en un domo con movimiento analítico y una cámara convencional de monitoreo urbano. Ambas unidades se encuentran enlazadas directamente a la Central de Operaciones local y están destinadas exclusivamente a la prevención del delito, el seguimiento visual de hechos de inseguridad ciudadana y el ordenamiento general del tránsito vehicular de la zona.
La controversia técnica central radica en que, según los criterios de Vialidad Nacional, la homologación tecnológica original de un radar no equivale a una autorización automática para multar en corredores federales si no se tramita el permiso vial de emplazamiento. Mientras se resuelven los planteos y las respuestas de cada comuna, especialistas legales advierten que el destino de las infracciones objetadas dependerá de las resoluciones administrativas firmes o de eventuales reclamos en el ámbito judicial por parte de los usuarios afectados.