Lo que comenzó como una serie de quemas de residuos que afectaban la visibilidad en la Autopista Rosario-Córdoba derivó en la clausura del predio, un fuerte revés del Ministerio de Ambiente provincial y el reciente allanamiento a un conocido empresario local. Mientras tanto, una Fundación espera agazapada para dar el zarpazo y quedarse con el negocio.
Los recurrentes incendios en la cava municipal de Funes, ubicada sobre la Ruta 34S (detrás del complejo Damfield), dejaron de ser un problema puramente ambiental para convertirse en el epicentro de un denso escándalo político, institucional y judicial. El humo, que de manera constante ponía en serio peligro el tránsito sobre la Autopista Rosario-Córdoba, motivó la denuncia de un vecino y desató una veloz intervención de las autoridades.
El hilo de la investigación comenzó a tensarse semanas atrás con un operativo cinematográfico que terminó con la detención en flagrancia de una persona oriunda de Pérez mientras provocaba focos ígneos dentro del predio. Las quemas intencionales escondían una lógica económica: al prender fuego la basura, se reducía drásticamente su volumen sin necesidad de invertir recursos en su correcto tratamiento o traslado. Asimismo, se detectaron focos causados por personas que ingresaban de forma precaria a recuperar materiales ferrosos para su reventa.
Sin embargo, el arresto del causante de los incendios abrió una caja de Pandora respecto al uso e irregularidades del terreno. Los inmuebles en cuestión pertenecen originalmente al gobierno provincial de Santa Fe —expropiados en su momento para la construcción de la presa retardadora del Arroyo Ludueña— y habían sido otorgados en comodato y tenencia a la Municipalidad de Funes en 2022, tras una solicitud expresa del intendente para el «uso y goce de la comunidad».
El conflicto radica en que el Municipio presuntamente tercerizó la operación de este espacio a un privado para ser utilizado como un basural de restos verdes, escombros y residuos de distinto origen. Una actividad completamente incompatible con la finalidad declarada.
La postura de la Provincia
Ante un pedido de informes impulsado en conjunto por los ediles del Concejo Municipal —alertados además por un proyecto paralelo que pretendía ceder una parte del predio para una planta de reciclaje—, la respuesta del Ministerio de Ambiente de la Provincia fue categórica: la Casa Gris jamás autorizó la disposición de residuos en el lugar ni recibió trámites para habilitar tal fin.
Desde el organismo provincial remarcaron que la operación clandestina de residuos está fuertemente sancionada por leyes nacionales y provinciales, y recordaron que desde 2019 se vienen constatando en la cava quemas, movimientos de camiones volcadores y operación de equipos privados no autorizados. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Ambiente amplió las denuncias penales correspondientes ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Allanamiento y avance judicial
La causa penal sumó su capítulo más sensible en el día de ayer. Un importante despliegue policial sacudió a la ciudad de Funes al allanar la vivienda y oficinas de un empresario de un apellido sumamente reconocido en la localidad, según otros medios de la ciudad. Desde la Voz de Funes no estamos en condiciones de revelar el nombre porque no lo pudimos confirmar, a pesar de que consultamos a fuentes del Ministerio de Seguridad Provincial. El escueto parte dice que «El procedimiento estuvo a cargo de personal del Organismo de Investigaciones, que depende del Ministerio Público de la Acusación, por una causa de delito ambiental que lleva adelante el fiscal Pablo Lanza. La PDI colaboró con la medida en un domicilio de la localidad de Funes. No hubo detenidos pero sí secuestro de dos escopetas y municiones.»
Una ciudad en emergencia operativa
Mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades penales y el Intendente está disfrutando del Mundial de fútbol, la reciente clausura definitiva de la cava dejó al descubierto una profunda crisis de infraestructura en Funes. El predio recibía diariamente una enorme demanda: más de 100 volquetes de unas 14 empresas privadas y cerca de 60 camiones municipales descargaban allí áridos y restos de poda.
Según especialistas en materia ambiental, una cava no puede transformarse automáticamente en un centro de tratamiento de residuos, dado que requiere exigentes licencias ambientales, impermeabilización de suelos para evitar contaminar las napas freáticas, monitoreo de lixiviados y estudios de impacto ambiental permanentes.
Actualmente, Funes no cuenta con un destino definido para el vertido de sus desechos urbanos y de poda. El Municipio se enfrenta ahora a la encrucijada de tener que trasladar diariamente cientos de cargas hacia centros regionales autorizados —como los ubicados en Pérez, Villa Gobernador Gálvez o Ricardone—, lo que multiplicará exponencialmente los costos operativos de logística y transporte.
Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Como ya adelantamos más arriba, algunos días atrás ingresó al Concejo Municipal un proyecto de Gustavo Venesia, como representante de la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medio Ambientales -FIEM-, solicitando autorización para un convenio de 30 años para utilizar el predio con afectación exclusiva y encargarse del tratamiento de residuos. Aún no está claro si se trata exactamente del mismo terreno en cuestión o de parte del mismo. Lo que sí está claro es que hay muchos intereses cruzados, que el tratamiento y destino de los residuos es un fenomenal negocio y que nadie está dando puntada sin hilo. Habrá que seguir de cerca los próximos acontecimientos porque seguramente habrá nuevos capítulos y está en juego nada más y nada menos que los residuos de la ciudad y el cuidado de la cuenca del Ludueña.