Los trabajadores municipales se plantan si la nueva norma les quitará derechos. Festram declaró el estado de alerta y denunció que el proyecto del oficialismo genera vacíos legales y pone en riesgo derechos laborales históricos.
La media sanción en el Senado santafesino del proyecto de nueva Ley Orgánica de Municipios encendió una fuerte reacción de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), que declaró el estado de alerta y movilización y advirtió que la iniciativa impulsada por el oficialismo de Unidos podría afectar derechos laborales consolidados.
Desde la organización gremial cuestionaron con dureza tanto el contenido del proyecto como la intención política de acelerar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Según denunciaron, existe una estrategia para evitar un debate profundo en comisiones y avanzar con una aprobación rápida de una norma que consideran “inconsistente” y con “vacíos legales significativos”.
El eje de la preocupación sindical está puesto en la falta de definiciones claras respecto del régimen laboral de los trabajadores municipales. En particular, señalaron contradicciones dentro del propio texto, como la mención al empleo público municipal sin precisar la continuidad de herramientas centrales como la negociación colectiva, el estatuto y escalafón, el régimen de licencias y los comités mixtos de seguridad e higiene.
“Estamos frente a un proyecto que no garantiza derechos ya consagrados y que puede abrir la puerta a interpretaciones regresivas”, advirtieron desde Festram, tras una serie de reuniones mantenidas con legisladores de distintos bloques.
En ese marco, el secretario general del gremio, Jesús Monzón, sostuvo que “no se puede discutir autonomía municipal sin asegurar previamente los derechos laborales” y remarcó que el texto “deja zonas grises que pueden derivar en conflictos”. Además, vinculó la iniciativa con un contexto más amplio de reformas que, a su juicio, tienden a flexibilizar condiciones laborales.
El debate ya comenzó a tomar forma en la Cámara de Diputados, donde el proyecto ingresó tras su aprobación en el Senado y empezó a ser analizado en distintas comisiones clave. Allí no solo se discuten aspectos institucionales, como las competencias de los municipios y comunas, sino también cuestiones sensibles vinculadas al reparto de recursos y la relación entre la provincia y los gobiernos locales.
En ese escenario, el peronismo y otros sectores de la oposición plantearon modificaciones que van en línea con los reclamos sindicales. Entre ellas, la necesidad de reforzar la redacción para evitar retrocesos en materia laboral, incorporar precisiones sobre la coparticipación que reciben los municipios y establecer mecanismos más claros de articulación de facultades.
Si bien el oficialismo cuenta con mayoría en las comisiones y números suficientes para avanzar, busca ampliar consensos para la aprobación en el recinto. No obstante, las primeras discusiones dejaron en evidencia múltiples observaciones técnicas y políticas, lo que abre la puerta a cambios en el texto original.
En paralelo, se prevé la convocatoria a intendentes, presidentes comunales y representantes gremiales para que expongan sus posiciones antes de que el proyecto llegue al recinto, donde ya tiene fecha tentativa de tratamiento. Esta apertura del debate se le concedió a una inquietud formulada desde el bloque peronista. De cualquier modo, en Legislatura la misión del oficialismo fluye sin escollos.
Para la federación que agrupa los sindicatos municipales de toda la provincia, el punto de fondo sigue siendo el mismo: garantizar que la nueva normativa no implique un retroceso en los derechos de los trabajadores municipales. “No vamos a aceptar que, bajo el argumento de modernizar el Estado, se debiliten conquistas históricas”, remarcaron desde la conducción, en un mensaje que anticipa tensión en el tramo final del debate legislativo.
Por otro carril diferente de los reparos que esgrime el gremio de municipales, el oficialismo ya tiene consenso firme para que la ley consagre la autonomía de los municipios, tanto en lo institucional, lo político administrativo, como económica y financiera. También está fuera de debate el límite de 10.000 habitantes en adelante para que esas ciudades estén habilitadas a sancionar su Carta Orgánica y, por ende, su organigrama de gobierno y de control, y mecanismos de participación ciudadana.
FUENTE: Rosario 12
lavozdefunes.com 